jueves, 19 de julio de 2012

BANCO MUNDIAL “DICE”QUE ABRE CASO SOBRE ECO ORO MINERALS – SANTURBAN NO SE TOCA!! NO PASARAN!!

Grupo del Banco Mundial inicia caso sobre mina de oro de Eco Oro Minerals ubicada en frágiles humedales colombianos

Contacto de prensa:
Astrid Puentes Riaño, Co-Directora, AIDA, (+521) 55-2301-6639, apuentes@aida-americas.org
Kristen Genovese, CIEL, (+31) 0652-773-272 kgenovese@ciel.org
Jen Moore, Alerta Minera Canadá, (+1) 613-569-3439 jen@miningwatch.ca
Miguel Ramos, Comité por la Defensa del Agua, (+57) 314-416-4531 ramos.compromiso@gmail.com

El Ombudsman de la CFI examinará denuncias de las comunidades aguas abajo
Bucaramanga, Colombia – El Grupo del Banco Mundial admitió el pasado jueves una queja
sobre su inversión en el proyecto de Eco Oro Minerals (antes Greystar) Angostura—un proyecto
de mina de oro a gran escala ubicada en el páramo de Santurbán que es un frágil humedal de alta
montaña y que abastece de agua a más de dos millones de colombianos. La Oficina del Asesor
de Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés) que el mecanismo independiente
de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), revisará
minuciosamente las denuncias que alegan que la CFI no evaluó los impactos sociales y
ambientales del proyecto minero, a pesar que son potencialmente graves e irreversibles.
La decisión de la CAO se dio como consecuencia de una denuncia presentada el mes pasado por
grupos potencialmente afectados por el proyecto minero en Bucaramanga, Colombia. La
denuncia afirma que la CFI, entidad del Grupo del Banco Mundial que presta al sector privado,
desconoció sus propias políticas al invertir USD $11,79 millones en el proyecto de la compañía
con sede en Vancouver, Canadá.
"Es indignante que una iniciativa minera tan perjudicial esté respaldada por el Grupo del Banco
Mundial, cuya misión es promover un desarrollo real y sostenible", dijo el abogado Miguel
Ramos, del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, coalición de casi 40
grupos locales, que promovió la denuncia ante la CAO. "Hay una veintena de municipios cuyas
aguas se verían afectadas por este proyecto".
El Ombudsman de la CAO evaluará el caso antes de que la CAO determine si es procedente
realizar una auditoría completa del proyecto, que en caso de hacerse, examinaría si se han violado
las políticas ambientales y sociales de la CFI. En mayo de 2011, después de controversiales
audiencias y protestas donde participaron decenas de miles de personas, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano negó la solicitud para la licencia ambiental de Eco
Oro, citando normas ambientales constitucionales e internacionales que prohíben la actividad
minera en páramos, que son humedales de alta montaña.
Los páramos son ecosistemas frágiles que suministran aproximadamente el 75% del agua dulce
de Colombia, incluyendo el agua potable de millones de personas; además, desempeñan un papel
clave en la mitigación y adaptación al cambio climático.
Ambiental Internacional (CIEL) y Alerta Minera Canadá apoyan la solicitud de auditoría al proyecto minero del Comité ante la CAO, y recomiendan la retirada de la inversión de la CFI.
"La CFI determina el estándar para este tipo de inversiones en el país por lo cual debe ser muy cuidadosa para evitar financiar proyectos insostenibles como el de Angostura", dijo Astrid Puentes Riaño, Co-Directora de AIDA. "Tenemos confianza que esta investigación demostrará que la CFI no garantizó una protección mínima para las comunidades y el ambiente, al dejar de evaluar los impactos integralmente antes de invertir".
"La presencia previa de conflicto armado en esta área podría exacerbar los impactos nocivos que este proyecto tendría en las comunidades y sus fuentes de agua. No obstante, la CFI invirtió en la mina con la esperanza de promover mayor inversión en el sector minero de Colombia,” expresó Jen Moore, Coordinadora del Programa América Latina de Alerta Minera Canadá. "Este proceso de revisión tiene fundamentos por lo cual la CFI debe retirar su inversión".
La CAO evaluará las denuncias respecto a que la CFI subestimó los problemas de seguridad potenciales relacionados con el proyecto Eco Oro. La queja cuestiona la evaluación inicial de la CFI y presenta evidencia de violencia asociada con guerrilla y paramilitarismo, tras una operación militar y el establecimiento de instalaciones militares en la zona en 2003.
Eco Oro posee títulos mineros en cerca de 30.000 hectáreas de tierra en el páramo de Santurbán, cercano a la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander al noreste de Colombia. Este proyecto minero de Eco Oro ya ha fomentado inversiones de por lo menos otras cinco empresas en el área inmediata, aumentando en más del doble la superficie de concesiones mineras en el páramo.
Texto completo de la queja aquí.

sábado, 14 de julio de 2012

LAGUNA DE ORTICES EN PELIGRO – ALERTA SANTANDER!! DEJEN LA NATURALEZA EN PAZ CARAJO!!!

lagunaortices

 

Hechos

1. En los meses de Octubre y Noviembre de 2011, hicieron presencia en el corregimiento de la Laguna de Ortices (Municipio de San Andrés), personas y vehículos, que nunca se identificaron, y dijeron a las comunidades los siguientes comentarios: 1. Venimos a pasar un cable, 2. Venimos a tomar unas muestras de Tierra, 3. Iban a pasar un gasoducto, porque iban a regalar el gas a las comunidades, 4. Que iban hacer una trazo, que era inofensivo y luego iban a restaurarlo, 5. Que si de dañaba algunos cultivos o plantas ellos las pagaban. Posteriormente, contactaron dueños de finca por donde iban hacer los trazos, para hacerles firmar documentos donde daban permiso, con engaños y mentiras, diciendo que les iban a entregar la mitad de las ganancias obtenidas por la Minería.

2. A mediados del mes de Enero de 2012, llegaron con maquinaria pesada: compresores, taladros, mangueras, explosivos, químicos, cables, en grandes cantidades, al corregimiento de Laguna de Ortices, estos vehículos estuvieron parqueadas frente a las casas de los habitantes del corregimiento, sin ninguna precaución y prevención. En el mes de Febrero de 2012, iniciaron las exploraciones y las comunidades empezaron a preocuparse por el riesgo que generaban las excavaciones y perforaciones sobre las cuencas hídricas y alrededor de la Laguna.

3. Ante tal situación de desconocimiento y zozobra, la comunidad desde febrero del presente año ha presentado a instituciones como la Personería Municipal de San Andrés, La Asamblea Departamental de Santander, entre otras, derechos de petición que a la fecha no han sido contestados.

Dentro de estas solicitudes se encuentra la realizada el día 25 de febrero de 2012, donde la 60 personas de la comunidad, solicitaron que se realizará una comisión de autoridades militares o de policía para que extrajeran unas minas que se habían colocado en su territorio dentro del proceso de exploración adelantado por la Unión Temporal Perforaciones 2010, toda vez que dichos artefactos ponen en riesgo las vida de todos los integrantes de la comunidad incluyendo niños, así como la de los animales de crianza.

4. Debido al rechazo de miembros de la comunidad frente a las actividades de exploración adelantadas por la Unión Temporal Perforaciones 2010, estas personas, que han venido ejerciendo de manera legal y constitucional los derechos a la libertad de pensamiento, de expresión, de opinión, de manifestación, de manifestaciones públicas y pacificas, así como de la utilización de mecanismos de protección, todo con el único interés de proteger sus derechos humanos y el Medio Ambiente, miembros de dicha comunidad empezaron a ser víctimas de presiones, señalamientos, sobornos, estigmatizaciones y amenazas por parte de esta Empresa y de funcionarios Públicos, especialmente por parte de la Personera Municipal de San Andrés, motivo por el cual, el 1 de Marzo en el municipio de San Andrés, se realizo un Concejo de Seguridad, en la que participaron, miembros de la Policía Nacional, la Alcaldía de San Andrés, la Personería de San Andrés, la Unión Temporal Perforaciones 2010 y seis (6) delegados de la comunidad.

Según los miembros de la comunidad, en dicho Concejo estaba prohibido el ingreso de miembros de cualquier organización diferente a las referidas, así mismo expreso la comunidad que allí, se hizo presente el supuesto Gerente de la Unión Temporal - Jorge Arias, quien se dirigió a en un tono amenazante, comunicando que iba a interponer denuncias por algunos escritos que aparecieron, así mismo, expreso que “si se seguían oponiendo al desarrollo de las obras, entonces vendrían a la región con la Fuerza Pública, y a las malas iban a hacer su trabajo”

.

Por su parte la comunidad refirió que los miembros de la administración lanzaron los siguientes mensajes: “que si nosotros no dejábamos trabajar, entonces no llegaban las regalías, y no habrían proyectos ni recursos para beneficio de la comunidad (ejemplo: Puente de la Quebrada la Honda, y mantenimiento de las vías), la Alcaldesa también dijo que si queríamos la Laguna que le hiciéramos aseo, y que cuando ella bajará a la Laguna iba a venir con Ejército y Policía.”

Finalmente es importante comunicar que en dicho Concejo de Seguridad se tomaron fotografías a los miembros de la comunidad que asistieron, y les hicieron firmar dos documentos supuestamente para verificar su asistencia.

5. Por su parte, la Personara Municipal del Municipio de San Andrés, la Señora Paola Noriega hizo presencia en el corregimiento Laguna de Ortices, el día 8 de Marzo de 2012, en compañía de la Policía Nacional y el Secretario de Planeación.

Según la comunidad durante esta visita y desde el inicio de la misma, esta funcionaria defendió y envió mensajes a favor de la Unión Temporal, incluso expreso que el proyecto era un progreso para la región, que no tenía ningún perjuicio, que no era para buscar minerales, y así mismo, que la comunidad no tenía nada que hacer, que no tenían ningún derecho de impedir el desarrollo de las actividades de exploración, y que lo que se estaba logrando era impedir la llegada de regalías para la comunidad.

Además, expreso la comunidad que esta funcionaria les propuso constituir un comité comunitario para que acompañara y vigilara el desarrollo del proyecto, por su parte la comunidad rechazo esta propuesta y manifestó que no quería recibir sueldo de la Empresa, porque eso los sometería a los intereses de esta, ante lo cual la Personera se ofreció a ser la intermediaria de este pago, es decir que ella recibía el dinero de la Empresa y luego le pagaba a la comunidad, para que no se viera de mala forma.

Durante esta visita los miembros de la Policía estuvieron tomando fotografías de los cinco miembros de la comunidad presentes. Así mismo, manifestó la comunidad que finalizando la visita, la Personera manifestó que: “como ahí no se llego a una solución entonces el próximo Martes 13 de Marzo de 2012, va a venir con la Empresa y varios delegados, y viene a llevar soluciones. Que hasta ahí, nos da tiempo para que reflexionemos porque sino llegábamos a ninguno acuerdo, luego las acciones iban a ser contundentes, porque ella no iba a permitir que se fuera el Progreso de la Región”

6. La Empresa responsable de adelantar el Programa Sísmico Trasandino, Unión Temporal Perforaciones 2010, no ha realizado, ni realizó como corresponde a sus obligaciones legales, ningún acercamiento respetuoso con los derechos de las comunidades, no han convocado ni promovido ninguna reunión con el objeto de explicar el proyecto.

7. Por otra parte la comunidad ha manifestado que en el transcurso de la anterior semana, en algunos lugares de la vereda, han hecho presencia a altas horas de la noche, personas desconocidas en la región, vestidas con camuflados.

8. Ante las graves amenazas, y las situaciones de malestar que la Exploración Sísmica ha generado, las comunidades afectadas e interesadas de los Municipios de San Andrés, Cepita y Molagavita, convocaron una reunión para el día domingo 11 de Marzo de 2012, la cual se desarrollo en el salón Parroquial, desde la 11 de la Mañana con la Participación de la Alcaldesa del Municipio de Molagavita y la Personera Municipal.

Se reunieron aproximadamente 250 personas campesinas de las veredas, delegados de organizaciones de Derechos Humanos y Ambientalistas, quienes firmamos y suscribimos un acta, la cual se trascribe a continuación:

1. Manifestamos preocupación y rechazo por los daños y violaciones de Derechos que se han constatado en las comunidades y familias como consecuencia de la exploración sísmica que se ha venido adelantado en los últimos meses por parte de la Empresa encargada del programa sísmico trasandino 4B 2D/ 09

2. Solicitamos la inmediata suspensión de las actividades de exploración en las veredas de los Municipios de San Andrés, Cepita, Molagavita.

3. Rechazamos y nos oponemos a los intereses que en esta región se adelante la explotación minera y la explotación hidrocarburos ya que somos comunidades campesinas y nuestra vocación es agropecuaria y el futuro de nuestros hijos depende de la Tierra y el Agua.

4. Manifestamos que estas zonas tienen una gran riqueza de fuentes hídricas y nacimientos de Agua, La Laguna de Ortices única en el mundo por estar en zona cálida, y todos estos importantes ecosistemas se ponen en riesgo con las actividades de exploración y explotación.

5. Denunciamos que de manera engañosa con mentiras y de manera arbitraria e ilegal, la empresa Unión Temporal Perforaciones 2010, encargado del Programa Sísmico Trasandino 4B 2D/ 09 visitó las veredas de Toma de Agua, Lagunitas, Purnio, Higuerones y Caney del Municipio de Molagavita y se hicieron a las firmas de las personas de estas situación y nos retractamos del uso abusivo que la empresa puede hacer de éstos documentos porque nosotros no queremos la exploración y explotación de nuestras tierras.

En esta perspectiva, como respuesta a los engaños, mentiras y desinformación por parte de la Empresa que adelanta la actividad de exploración Sísmica, así como por parte de Funcionarios de la Alcaldía de San Andrés, especialmente la Personera Municipal, situación narrada a lo largo de este comunicado, demandamos de las autoridades públicas, y demás involucrados las siguientes:

Solicitudes

PRIMERA: Solicitamos a la Empresa encargada de adelantar el Programa Sísmico Trasandino, Unión Temporal Perforaciones 2010, la suspensión total y definitiva de las actividades que vienen adelantando en los Municipios de San Andrés, Cepita y Molagavita, especialmente en las veredas del Corregimiento de la Laguna de Ortices, en este sentido solicitamos a las Autoridades acompañar y respaldar esta petición.

SEGUNDA: Que esta especial e importante Área de Corregimiento de la Laguna de Ortices, se mantenga y se incluya en el Plan de Ordenamiento Municipal de San Andrés como una zona de especial protección e importancia ambiental y que allí se prohíban las actividades de explotación minera, de hidrocarburos y de actividades industriales que la puedan afectar.

TERCERA: Que contra las personas que han venido siendo voceros, delegados y representantes de las comunidades afectadas, no se adelante ningún tipo de represalias, presiones y amenazas de carácter judicial, o policial.

CUARTA: Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación, el inicio de las investigaciones disciplinarias contra la Personera Municipal de San Andrés, la señora Paola Noriega y contra la Alcaldesa del Municipio de San Andrés la señora Luz Consuelo Ortiz, por todas las violaciones de Derechos Humanos, que se narraron en los hechos.

QUINTA: Solicitamos que se respeten los derechos de las comunidades amenazadas y las manifestaciones públicas y pacificas que han venido realizando y las que continuaran haciendo, a fin de que se evite la intervención y presencia de la Fuerza Pública en la región con el único propósito de favorecer los intereses de la Empresa.

SEXTA: Solicitamos a la Empresa y a las Autoridades Ambientales, hacer públicos los siguientes documentos: 1. El contrato por el cual están ejecutando la Exploración Sísmica en esta Zona, 2. Plan de Manejo Ambiental y DEMA. 2. Soportes donde se demuestre el trabajo de la Participación Ciudadana que hicieron supuestamente con las comunidades que se podían ver afectados. Con base en lo expuesto a lo largo del comunicado, se hace necesario expresar, que no solo están en riesgo la integridad física y el derecho que tiene la comunidad en referencia a ser consultada en los procesos de exploración y explotación de minerales; sino que además, con la implementación de estos estudios inconsultos e ilegales se está generando un riesgo altísimo, respecto a la posibilidad que tiene esta comunidad de un goce efectivo del derecho al agua, entendido como fundamental, ya que está ligado a la oportunidad de disfrute de otros derechos, como el derecho a la vida en condiciones dignas y a un ambiente sano, entre otros.

Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T – 418 de 2010 señalo que “El carácter fundamental del derecho al agua es la decisión de querer reconocer un estado de cosas, no de crearlo. Al haber adoptado Colombia como modelo constitucional un estado social y democrático de derecho, fundado en la defensa de la dignidad de toda persona y en el respeto, la protección y la garantía de sus derechos fundamentales, en especial, su derecho a una vida digna… El derecho al agua adquiere un valor inusitado en un estado social de derecho, en el contexto actual, por cuanto demanda de las instituciones y autoridades encargadas de asegurar el goce efectivo de este derecho, una acción clara, decidida y eficiente, para afrontar los retos que se imponen”

“Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que eviten la comisión de conductas que atenten contra la efectividad de estos derechos”

Finalmente a todas las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, y a los movimientos populares, nacionales e internacionales solicitamos la solidaridad y respaldo para exigir a las autoridades Colombianas el respeto por los derechos de las comunidades campesinas de Santander amenazadas por proyectos mineros
gracias GIOVANNI TELLEZ SERRANO . el campesino embejucao

miércoles, 4 de julio de 2012

Salva las semillas limpias, la diversidad y la cultura en Colombia!

Salva las semillas limpias, la diversidad y la cultura en Colombia!

¡Salva las semillas limpias, la diversidad y la cultura en Colombia!

 

Por qué es importante

Las semillas nativas en Colombia han entrado en proceso de privatización en el marco del TLC con estados unidos y se ha penalizado su uso tradicional, poniendo en fragilidad la soberanía alimentaria, la cultura y la megadiversidad, obligando a campesinos, indigenas, afros y mestizos a usar semillas certificadas por distintas transnacionales. Es imprescindible hacer el mayor esfuerzo por detener esta determinación gubernamental absurda para poder mantener viva la tradición de los pueblos y la soberanía sobre nuestra tierra y las semillas que por siglos nos han permitido subsistir. Salvar así mismo la genética que las semillas nativas encierran, lo que les ha permitido soportar las distintas condiciones adversas y significar la supervivencia de pueblos olvidados por el estado, quienes ahora serán tratados por el como infractores de la ley.
El Congreso de la República expidió la ley 1518 de abril 23 de 2012, "Por medio del cual se aprueba el Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV 1991". Esta es una de las tres leyes sobre el tema de propiedad intelectual que afanosamente aprobó el Congreso para que el Presidente Obama le diera la bendición a la entrada en vigencia del TLC, ya que una de sus cláusulas es la obligación de suscribir UPOV 91[1]; el Estado colombiano juiciosamente ha cumplido la tarea como lo han hecho México, Chile, Perú y los países centroamericanos, en sus respectivos TLC.
Esta norma protege las semillas manipuladas; prohíbe la siembra, el uso y la multiplicación de las semillas criollas y legitima únicamente la utilización de semillas extranjeras; además promueve la explotación y apropiación de los recursos naturales en pocas manos y atenta contra el patrimonio genético del país, contra la soberanía alimentaria -en especial de las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas-, y los usos y costumbres ancestrales, originando en las comunidades la pérdida de sus culturas y territorios y desconociendo que las semillas criollas son fruto del trabajo de varias generaciones que desde épocas ancestrales las han mejorado garantizando la soberanía, la autonomía y la seguridad alimentaria no sólo de ellos, sino de buena parte de la población, y, que en tal sentido, al ser patrimonio colectivo del pueblo no pueden ser objeto de apropiación por parte de particulares.

En los últimos años el gobierno colombiano ha aprobado varias leyes y normas sobre semillas que son el marco jurídico para entregarle a transnacionales el control de las semillas.
La Ley 1518 de 2012 por medio de la cual se aprueba el "Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales" desconoce disposiciones de rango superior y desarrollos normativos y jurisprudenciales internacionales que consagran las obligaciones del Estado de garantizar y respetar los derechos de quienes están bajo su jurisdicción y específicamente la obligación de velar por la soberanía y seguridad alimentaria de la población. El Convenio Internacional ratificado por medio de la Ley 1518, sin garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de las minorías étnicas, busca la concesión y consecuente protección de derechos de obtentor de géneros y especies vegetales estableciendo, por un lado, determinadas condiciones que no pueden cumplir las variedades nativas y criollas porque el mejoramiento genético que han realizado los agricultores se basa en un enfoque y principios totalmente diferentes al que realizan los fitomejoradores modernos, y por otro, los alcances de su reconocimiento protegiendo intereses económicos de algunos e imponiendo el uso de semillas protegidas legalmente por requerimiento de las empresas transnacionales.
http://www.semillas.org.co

FIRMA AQUI

QUE SE METAN LOS TRANSGÉNICOS POR DONDE LES QUEPAN