La licencia ambiental de Greystar en Santurbán en entredicho

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El movimiento social se opone a la minería en el Páramo de Santurbán con protestas mañana viernes 25 de febrero en Bogotá, Cúcuta, Pamplona, Cartagena y Bucaramanga

por Orlando Flores

El Comité de Defensa del Páramo de Santurbán, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) de Santander, la Sociedad Santandereana de Ingenieros y la Sociedad de Mejoras de Bucaramanga, entre otras muchas organizaciones, convocan una marcha para este viernes 25 de febrero en la ciudad de Bucaramanga. En Cúcuta, Pamplona, Cartagena y Bogotá tendrán lugar otras movilizaciones con el mismo lema: «Vale más el agua que el oro». El motivo es exigirle al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVD) que no otorgue la licencia al proyecto minero Angostura en el Páramo de Santurbán (Norte de Santander) de la empresa canadiense GreyStar Resources Ltd. que pretende extraer principalmente oro y plata, pero también cromo, mineral de zinc, cobre, estaño, mineral de plomo, manganeso y metales preciosos. En Bogotá, el Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos (SINTRAEMSDES) y la Red Colombiana Frente a la Gran Minería (RECLAME) convocan a un plantón frente al Ministerio en oposición a la que sería la primera mina de oro a cielo abierto en Colombia.
RECLAME afirma que el Ministerio de Ambiente no puede aceptar la explotación porque la considera ilegal ya que «los páramos gozan de protección jurídica desde antes de la modificación del Código de Minas, a través de tratados ambientales internacionales y de la misma Constitución Política». Igualmente, citan el artículo 34 del Código de Minas que expresa: «No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente».
Entre esas zonas se incluyen los ecosistemas de páramo como el de Santurbán que se ubica entre los departamentos de Norte de Santander y Santander y ocupa cerca de 82.000 hectáreas entre los 3.000 y 4.290 metros sobre el nivel del mar. Según datos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Humboldt, de los 34 complejos de páramos en el país, un 48% ya está afectado por la minería. Según la información oficial del Atlas de Páramos de Colombia y los datos suministrados por Greystar en su Estudio de Impacto Ambiental un 81% del total de las áreas de extracción de Angostura se encuentran dentro del Páramo de Santurbán.

Fuente: Atlas de Páramos de Colombia, Jurisdicciones-Santurbán, pág. 40

Es por ello que la Red Colombiana Frente a la Gran Minería propone que «el Ministerio de Ambiente aplique el principio de precaución, la normativa ambiental y el Código de Minas». La Corte Constitucional se pronunció al respecto en la sentencia C-443 de 2009 mediante la cual «exhorta al Ministerio de Ambiente, al igual que a las corporaciones autónomas regionales y a las autoridades ambientales competentes, para que cumplan con los deberes ambientales a su cargo [...] y adopten medidas eficaces para la protección del medio ambiente en general y de las áreas de especial importancia ecológica tales como los páramos [...] aplicando el principio de precaución [...] de manera tal que en caso de presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a la exploración o explotación minera de una zona determinada; la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección de medio ambiente».

Importancia de los páramos

Los páramos son ecosistemas que por sus bajas temperaturas y su vegetación única tienen la capacidad de interceptar, almacenar y regular los flujos hídricos superficiales y subterráneos; son sumideros de carbono con mayor capacidad incluso que las selvas tropicales y refugios de especies de flora y fauna endémica. Las organizaciones ambientalistas destacan su importancia cultural, económica y social, así como el hecho de que se ubican solamente en cinco países en todo el globo. Colombia cuenta con el 49% de los páramos del planeta con una superficie aproximada de dos millones de hectáreas de las cuales sólo unas 700.000 hectáreas se encuentran protegidas dentro del área del Sistema Nacional de Parques Naturales. Por otro lado, del área total de páramos en Colombia, unas 109.000 hectáreas se encuentran concesionadas en un total de 391 títulos mineros, 44 de ellos en el Páramo de Santurbán.
Mientras los complejos de páramos significan sólo el 1,7% del territorio nacional, de allá procede el 70% del agua para consumo humano en Colombia. Por ejemplo, según la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander (CORPONOR) las fuentes de agua que nacen en el Páramo de Santurbán abastecen los acueductos de Bucaramanga, Cúcuta y otros 21 municipios de Santander que proveen agua para 2,2 millones de personas. El gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Carlos Augusto Figueroa, afirma que el proyecto afectaría estructuras como el embalse Bucaramanga que se encuentra a menos de 35 kilómetros en línea recta del sitio de explotación o que «se pondría en riesgo el río Suratá por los altos niveles de contaminación».
A efectos altitudinales, el Páramo de Santurbán inicia a 3.100 metros sobre el nivel del mar (msnm) y de acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Greystar, «la fase cero inicia en el banco ubicado en la cota 3.268,75 msnm y la fase cuatro empieza desde el banco ubicado en la cota 3.525 msnm». Asimismo, el proyecto Angostura implica reubicar escombros y el sitio previsto se ubicaría a 3.630 msnm y en las previsiones para el año 2020, Greystar prevé operar el silo Páez a 3.890 msnm ubicando las piscinas de lixiviación a 4.042 msnm.

El trámite del proyecto

Greystar adelanta labores mineras desde 1994 en California y Vetas (Santander) adquiriendo hasta diez propiedades — mediante compra directa de propiedades mineras a sus dueños así como mediante solicitudes al Ministerio de Minas— y realizando trabajos de exploración. En sus primeros cinco años en la zona realizó 4.200 muestras superficiales —rocas, suelos, sedimentos, túneles—, perforó 181 huecos y tomó más de 400 kilogramos de muestras de roca fresca para su análisis en busca de oro, plata y cobre.
El proyecto Angostura se vio interrumpido durante tres años entre 2000 y 2003 ya que la emporesa valoró que las condiciones de seguridad en la región eran adversas. En ese paréntesis, la zona fue ocupada y explotada por mineros artesanales hasta que volvió de nuevo la empresa. Desde el año 2003 las fuerzas militares ejercen el control de la zona y mantienen una presencia significativa en el área del proyecto y las regiones aledañas.
Según Greystar, un estudio del 25 de marzo de 2009 prevé una producción anual en Angostura de 511.000 onzas de oro y 2,3 millones de onzas de plata durante una vida útil de 15 años. Con esas previsiones, Greystar presentó la solicitud de licencia ambiental global para el proyecto Angostura el 23 de diciembre de 2009. El proyecto ya superó la etapa de exploración para la cual sólo se requiere el título minero pero en abril de 2010, el Ministerio de Ambiente decidió que Greystar debía presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental para analizar la viabilidad del proyecto basándose en que más de la mitad del mismo está localizado en zonas de páramo. Greystar presentó recurso de reposición que fue revocado por el Ministerio que ordenó la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental presentado inicialmente¹.

La Audiencia Pública Ambiental

Actualmente el Ministerio se encuentra evaluando la viabilidad ambiental de Angostura y por ello ha convocado una segunda Audiencia Pública Ambiental para el próximo 4 de marzo desde las 9 AM en las instalaciones del Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga debido a las dificultades de asistencia de la anterior convocada en noviembre. Allá estarán presentes tanto responsables de Greystar como miembros de las comunidades afectadas y de organizaciones preocupadas por el impacto ambiental y social de ese proyecto.
La organización Censat Agua Viva ha expresado su preocupación por la efectiva participación de las personas interesadas en esta Audiencia. Afirman que para la audiencia de noviembre de 2010 en Califonia se inscribieron más de 180 personas para opinar sobre el proyecto y «si todos hubieran podido llegar, no hubieran tenido ni siquiera dos minutos para expresar sus puntos de vista». La preocupación porque la nueva audiencia será en Bucaramanga y previsiblemente asistirá más gente genera incertidumbre en la organización ambientalista para que, según Tatiana Rodríguez, de Censat, «todos los interesados contaran con las mínimas condiciones para participar, es decir, la posibilidad real de llegar al lugar del evento y las garantías de seguridad para expresar su desacuerdo con el proyecto Angostura». Rodríguez también quiere recordar que «una acción de tutela, y no la iniciativa del Ministerio de Ambiente como se da a entender en el auto 4251, ordenó la realización de una nueva audiencia en Bucaramanga». Esta última audiencia ha sido solicitada por más de 300 ciudadanos y organizaciones, petición a la cual se sumaron el gobernador de Santander, Horacio Serpa, y el Procurador Delegado para Asuntos Agrarios, Óscar Darío Amaya.
La primera Audiencia Pública Ambiental tuvo lugar el pasado 21 de noviembre en el municipio de California y a la cual cerca de 250 personas que iban desde Bucaramanga —entre ellas miembros del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán que se encontraban entre las 11 organizaciones y 238 personas que solicitaron que se realizara la Audiencia— no pudieron llegar debido a los problemas de acceso que presenta la vía. Igualmente se celebró la Audiencia y en ella destacó un pronunciamiento de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) que concluye: «Desde el punto de vista legal la CDMB encuentra serias dudas para su licenciamiento ambiental, en razón a lo dispuesto en la Ley 1382 de 2010 en la cual se precisa como zona excluible de la minería el ecosistema de páramo, encontrándose un importante porcentaje del proyecto en este ecosistema». Incluso afirmaron que el proyecto está ocupando un predio de la CDMB en la quebrada Angostura «adquirido para conservar este estratégico ecosistema».
De hecho, la CDMB emitió una resolución el 22 de octubre de 2010 en la que sanciona a Greystar con una multa de casi 31 millones de pesos por incumplimiento a las obligaciones dispuestas en el plan de manejo ambiental para la exploración de minerales acuíferos en el área de la vereda Angosturas. La resolución es la conclusión de un proceso de la CMDB desde el año 2006 y muestra los resultados de una serie de visitas técnicas al proyecto en las que se evidenció, entre otras cosas, problemas con relación al tratamiento de las aguas ácidas e inestabilidad de los taludes del área de ejecución del proyecto.

El Estudio de Impacto Ambiental

A pesar del nuevo Código de Minas (Ley 1382 de 2010) que excluye la explotación en los páramos, Greystar pretende continuar su proyecto minero en el Páramo de Santurbán. Esta nueva ley sancionada el 9 de febrero de 2010 expone que podrán continuar con la actividad minera en páramos y otros espacios protegidos como reservas forestales protectoras y humedales Ramsar quienes en esa fecha contaran con título minero y licencia ambiental. Greystar no cuenta con este último requisito para avanzar en sus pretensiones. Esta cuestión es la principal arma legal que esgrimen las organizaciones ambientalistas opuestas a Angostura como Censat Agua Viva para rechazar automáticamente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y con ello la licencia de explotación.
Pero entrando en detalles técnicos, Censat sostiene que los impactos de la actividad minera en el agua no han sido debidamente soportados en el Estudio de Impacto Ambiental de Greystar aunque el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 establece que las zonas de recarga de acuíferos y manantiales y nacederos serán objeto de protección especial.
Igualmente, el geólogo Julio Fierro advierte sobre los estudios hidrogeológicos que «muestran una gran incertidumbre, la cual es hecha explícita por el consultor que llevó a cabo los estudios, donde todo “se supone”, “se presume” o “sus resultados e interpretaciones se deben considerar como aproximadas”». El experto clarifica que «esas son las palabras que usa la empresa en su EIA, que no son aceptables en términos técnicos cuando de las actividades que quieren hacer depende el bienestar de por lo menos dos millones de personas».
La contaminación de las aguas es el aspecto central de oposición al proyecto y el que mayor movilización social ha generado. Así, la liberación al ambiente de gran cantidad de elementos contaminantes como el arsénico es un elemento preocupante —en el EIA se muestra que hay aproximadamente 100 veces más arsénico que oro— en la generación de aguas ácidas ya que hoy en día los pH de las aguas de los túneles de La Perezosa y Veta de Barro son ya inutilizables para usos como consumo y recreación humana. Censat advierte que «una vez se exponga a las condiciones ambientales las 330 millones de toneladas de mineral y 745 millones de toneladas de “estéril” el pH puede bajar a valores entre 2 y 3, tal como ya sucede en Mármato, de acuerdo con mediciones hechas por el químico Sergio Gaviria, profesor de Geociencas de la Universidad Nacional».
Además de los riesgos relacionados con la calidad de las aguas que parcialmente surten el sistema de acueducto de Bucaramanga, se encuentra el riesgo de rotura de la escombrera Móngora, pues «el análisis de estabilidad de los taludes tuvo como parámetros factores que no cumplen con reglamentaciones colombianas». Por otro lado, aunque el mismo EIA considera sismos por fuentes cercanas el Plan de Contingencia incluido no considera la posibilidad de rotura de la presa y las implicaciones sobre las bocatomas del acueducto de Bucaramanga ni sobre la vida y las propiedades de los habitantes aguas abajo.

Opiniones diversas

En esa primera Audiencia Pública Ambiental de noviembre de 2010, habitantes de los municipios de California y Vetas presentaron más de 60 ponencias a favor del proyecto Angostura. Arguyen que no aprobar la licencia minera sería un retroceso para la economía de la región ya que valoran positivamente la inversión que ha hecho la empresa en la región que ha producido el desarrollo de empresas de servicio para satisfacer las demandas de la compañía minera.
En todos sus pronunciamientos, los responsables de Greystar han manifestado una gran preocupación por el medio ambiente como declaraba Leonardo Antonio Di Mare, gerente ambiental de la empresa, en un debate en la Asamblea de Santander en agosto de 2010: «Greystar se responsabiliza de las repercusiones por el detrimento del ecosistema, por los problemas de salubridad, tanto en la explotación como de las consecuencias ambientales que de ello se derive. Hasta el momento hemos adquirido un terreno mayor al que se pretende explotar y se han sembrado zonas de roble andino para ir generando refugio para las especies animales de la zona».
El gerente de Asuntos Públicos de Greystar, Luis Guillermo Laserna, concedió al periódico El Frente de Bucaramanga en agosto de 2010 una entrevista en la que afirma: «La apreciación de que el proyecto de Greystar le hace daño inmenso al páramo y por lo tanto a las fuentes de agua que surten el acueducto de Bucaramanga y al futuro embalse de Tona, es perversa y mentirosa. Sencillamente no es cierta. El proyecto de Greystar no le hará daño al agua de Bucaramanga». Laserna además dice que «todo proyecto industrial produce impactos, indudablemente, pero en este caso son controlables, mitigables y compensables». Según información de Robert Moran proporcionada por la organización Censat, los pasivos ambientales por drenaje ácido de las escombreras de la mina de cobre Bingham Canyon —una mina en Utah, Estados Unidos, cerca de tres veces más grande que el proyecto Angostura— se acercan a 1.000 millones de dólares. Censat cuestiona entonces la cifra de los cerca de 225 millones de dólares de regalías que el Estado recibiría por parte de Greystar en los 15 años de explotación.
El ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, afirmó en una entrevista a CM& el 25 de enero que el proyecto minero debe reubicarse para que pueda ser viable. Rodado opina que el proyecto debe hacerse por los beneficios económicos que generaría pero a su vez alerta que las piscinas de lixiviación —donde se separa el oro de la roca por medio de una solución con cianuro— estén en la parte alta de la montaña representa un riesgo muy alto para las fuentes hídricas del departamento, que nacen en ese ecosistema. Para RECLAME, Angostura implica el ingreso a Colombia de «la actividad industrial más contaminante del planeta, pues además de acabar con la capa vegetal y los acuíferos superficiales y subterráneos, la minería de oro a cielo abierto no puede funcionar sin el uso de sustancias contaminantes, en particular el cianuro, considerado como uno de los principales contaminantes en el mundo».
En Bucaramanga, en una situación sin precedentes, la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), la Cámara de Comercio, la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Sociedad de Mejoras Públicas o la Central Unitaria de Trabajadores mantienen una posición contraria a ese proyecto minero por las afectaciones a los recursos hídricos a largo plazo. Así, FENALCO de Santander solicitó a la ministra de Ambiente, Beatriz Uribe, que no otorgue la licencia de explotación minera ya que «el desarrollo, la inversión extranjera, la generación de empleos directos o indirectos, o cualquier promesa de bienestar para los vecinos de la zona de la explotación, no pueden constituirse en argumento para poner en riesgo la riqueza hídrica que nace en nuestros páramos».
La Defensoría del Pueblo en comunicado del 1 de febrero de 2011 afirma que este proyecto utilizaría 1.200 toneladas de cianuro cada mes, 7.000 toneladas de ANFO —explosivo de gran potencia a base de nitrato de amonio y un combustible derivado del petróleo— y 4.680 toneladas de emulsión. La Defensoría también sostiene que la concesión afectaría el 12,1% del caudal de la cuenca del río Vetas y el 2,5 % del caudal del río Suratá que es la principal fuente de abastecimiento del acueducto metropolitano de Bucaramanga y podría verse afectado además por vertimientos industriales como cianuro, combustibles y lodos, entre otros.
Es por ello que la Defensoría considera que la actividad minera que pretende adelantar Greystar en el páramo de Santurbán «podría vulnerar además de varias normas del ordenamiento jurídico interno, los tratados internacionales de derechos humanos relacionados con el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, el derecho humano al agua, el goce de un ambiente sano, el equilibrio ecológico, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y la conservación de áreas de especial importancia ecológica, entre otros».
En una carta enviada al Ministerio de Ambiente el 21 de diciembre de 2010, el Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado expuso «en cumplimiento de la función preventiva, las razones legales y técnicas que hacen inviable el proyecto minero, dada la ubicación del mismo en área de páramo». De esta manera, Ordóñez solicita al Ministerio que estudie «la posibilidad de no otorgar la licencia ambiental al Proyecto Minero de Angostura».
Otra de las personas que se han opuesto clara y públicamente al proyecto Angostura ha sido el que fuera el primer ministro de Medio Ambiente de Colombia cuando se creó el ministerio en 1993, Manuel Rodríguez Becerra. En entrevista a El Espectador el 30 de enero de 2011, el ex ministro afirma que Greystar está en su derecho de buscar una oportunidad de negocio, pero «lo que es condenable es que el Estado, que es el garante de nuestros derechos, haya cometido la aberración de permitir que en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente se hubiera aceptado la consideración de un estudio de impacto ambiental, cuando el Código Minero que se aprobó el año pasado es muy explícito en establecer que aquellas empresas que no tengan licencia ambiental para operar, el hecho de que tengan título minero no les confiere ningún derecho». Puntualiza que el gran responsable de Angostura es «en concreto, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue quien recibió el estudio de impacto ambiental y naturalmente el actual gobierno de Juan Manuel Santos que sigue con esa responsabilidad».
1 Estudio de Impacto Ambiental en la wen del Ministerio de Ambiente: http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?conID=2299&catID=1045