Por: Claudia López, 19 de marzo, 2011 10:49 am
Colombia se precia de tener regulación ambiental de sus recursos naturales desde la década de 1970. Diferentes normas han ido reservando suelo para usos protegidos: parques y reservas naturales, páramos y nacederos de agua, resguardos indígenas, entre otros. Sin embargo, a la hora de autorizar solicitudes de exploración minera no se excluyen explícitamente todas las áreas protegidas de las posibles áreas de exploración. Los usos reservados del suelo, por lo tanto, no tienen efecto regulatorio real sobre la exploración minera.
A esa libertad de áreas se suma que para iniciarse como cazador de fortuna minera no se exigen grandes requisitos. Cualquiera con la cédula y unos 100 dólares por hectárea puede hacer una solicitud de exploración. Mucho menos de lo que exigen en un banco para autorizar una tarjeta de crédito. Lo único que realmente verifica Ingeominas es que no se crucen diferentes solicitudes sobre un mismo terreno.
"De seguir como va, la minería no será locomotora de desarrollo sino motor-loco de destrucción."
Siendo tan fácil que autoricen una solicitud de exploración, uno espera que sea igualmente fácil encontrar los datos de los afortunados autorizados. No es así. Consultar el catastro minero en la página web de Ingeominas requiere dotes de guaquero: temeridad, paciencia y profundidad para llegar al menos al nombre, cédula, ubicación y fecha de expedición de los afortunados concesionarios. Lo obvio sería que esa información estuviera en una base de datos pública, georeferenciada y descargable. Pero, ¿para qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles? Además, la dificultad tiene el encanto de facilitar la manipulación, venta y reventa de información sobre cuál terreno tiene o podría tener permiso de exploración y el estado en que se encuentra. El tráfico de información en Ingeominas no tiene nada que envidiarle al tráfico inmobiliario en la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Con ese cuidadoso procedimiento y riguroso diseño institucional arranca la fase de exploración de la locomotora minera. Pero como se temía que semejante rigurosidad procedimental, y el modesto valor de los comodities en el mercado internacional, pudiera espantar la confianza minera, el gobierno le echó un empujoncito regalándole una reducción de impuestos. La receta funcionó y la locomotora arrancó con bríos. Cuando Álvaro Uribe llegó al gobierno en 2002 1,1 millones de hectáreas tenían título minero, en 2006 se pasó a 1,9 millones y en 2009 se llegó a 8,4 millones de hectáreas. Un modesto crecimiento del 600%.
La fase de exploración, claro está, se basa en la confianza y la expectativa, no requiere licencia ambiental. Con ese incómodo paso se entienden después. Cuando toda la jauría de caza fortunas está desatada, título minero en mano, mostrándole los dientes, y la billetera, a los funcionarios, las comunidades y el gobierno.
En ese equilibrado contexto, unos técnicos ambientales deben valorar la viabilidad de los proyectos mineros y las comunidades empiezan a medio enterarse de lo que les viene pierna arriba. No es por lo tanto una sorpresa que el valeroso ejemplo de movilización ciudadana santandereana que logró detener, por ahora, la explotación minera en el páramo de Santurbán sea más una quijotesca excepción que una regla general.
El sentido común, la mínima lógica institucional y la enorme evidencia circunstancial dejan en evidencia que la locomotora minera está descarrilada y produciendo todo menos desarrollo sostenible y prosperidad democrática. Los únicos que parecen no darse por enterados son los maquinistas, la Ministra de Ambiente y el Ministro de Minas.
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Colombia prides itself on environmental regulation of natural resources since 1970. Different standards have been reserving land for protected uses, parks and nature reserves, wilderness and water hatching machines, Indian reservations, among others. However, when approving applications for mineral exploration does not expressly exclude all protected areas of potential exploration areas. Reserved land uses, therefore, have no real regulatory effect on mineral exploration.
A freedom of areas that amount to start as a mining fortune hunter does not require major requirements. Anyone with the card and $ 100 per hectare can make an application for examination. Much less than that required in a bank to authorize a credit card. The only thing that really verifies Ingeominas is not cross different applications on the same ground.
"If we continue as is, will not be mining locomotive-loco motor development but destruction."
Being so easy to authorize a request for examination, one expected to be equally easy to find details of the lucky ones authorized. Not so. Visit the mining cadastre Ingeominas website requires skills looters: fearlessness, patience and depth to reach at least the name, identification number, location and date of issue of the lucky dealers. The obvious thing would be that that information was in a public database, geo-referenced and downloadable. But why make things easy if you can do difficult? Moreover, the difficulty has the charm of ease of handling, sale and resale of information on what land has or may have exploration permit and the state in which it is. Traffic information Ingeominas has nothing to envy to property transactions in the DNE.
With that careful institutional design and rigorous procedure starts the exploration phase of mining locomotive. But as it was feared that such procedural rigor, and the modest value of the commodities in the international market confidence could scare mining, the government gave him a boost by giving him a tax cut. The recipe worked and the engine started with vigor. When Alvaro Uribe took office in 2002 1.1 million hectares had mining rights in 2006 spent 1.9 million and in 2009 it reached 8.4 million hectares. A modest increase of 600%.
The exploration phase, of course, is based on trust and expectation, does not require an environmental license. With that uncomfortable step means later. When the whole pack of fortune hunters is unleashed, mining title in hand, showing his teeth, and wallet, officials, communities and government.
In this balanced context, some environmental experts should assess the feasibility of mining projects and communities begin to learn half of what comes up leg. There is therefore no surprise that the brave example of citizen mobilization Santander which failed to stop for now, mining wasteland in a quixotic Santurbán more the exception than the rule.
Common sense, logic low institutional and enormous anecdotal evidence have pointed to the locomotive derailed and producing mining is anything but democratic development and prosperity. The only people who seem not to notice are the drivers, the Minister of Environment and the Minister of Mines.
