Y, si no es viable, ¿para qué insistir?
En la Conferencia Anual de la Asociación de Exploradores y Explotadores Mineros, PDAC, del Canadá, el ministro Carlos Rodado manifestó que "si la calidad de la operación de la mina de Greystar será de la misma calidad que el estudio que han presentado, tenemos serias razones para estar muy preocupados". Esta versión oficial sobre la inconsistencia de los estudios medioambientales y técnicos en Santurbán, anula cualquier confianza que pudiera existir ante las afirmaciones de que dicha explotación no causará graves daños al ecosistema y a la salud de las comunidades. De llegarse a autorizar, estaríamos frente a una irresponsabilidad mayúscula.
Si adicionalmente tenemos en cuenta la prohibición legal para desarrollar minería en zona de páramos; el irrisorio 3,2% de regalías que, en su conjunto, percibiría el Estado; y la necesidad que surgió en ese foro canadiense de aligerar a las empresas del sector de los impuestos de renta y patrimonio, para propiciar su actividad, además de continuar con las exenciones vigentes de Predial e Industria y Comercio, llegamos a la meridiana conclusión de que este proyecto no es viable.
Resulta incomprensible la debilidad gubernamental para imponer aceptables criterios de defensa de los bienes nacionales, frente a las pretensiones multinacionales. Así se colige de las declaraciones del Ministro, quien en su afán de poner en marcha la locomotora minera, se mostró dispuesto a afectar la majestad del Estado, feriando a favor de extranjeros las posibilidades de recaudo de recursos tributarios que, al paso que vamos, sólo pagarán los más indefensos.
Cada vez se advierte más justa la razón que animó la multitudinaria manifestación cívica por la defensa del páramo de Santurbán, realizada el pasado 25 de febrero; la validez de los argumentos incontrovertibles de voces autorizadas; así como las posiciones de respetables instituciones que han puesto de manifiesto la inconveniencia de esta extracción aurífera.
Debería entonces negarse inmediatamente la licencia ambiental. Si no se hace, vendrá un tiempo muerto que será utilizado para recomponer la estrategia de sus promotores, y aparecerán anuncios de solución a las deficiencias. Eventualidad ante la cual, debe mantenerse alerta esta actitud de responsabilidad ciudadana de la comunidad bumanguesa que, ciertamente, es indicativo esperanzador del renacimiento de su conciencia social frente al futuro.
En la Conferencia Anual de la Asociación de Exploradores y Explotadores Mineros, PDAC, del Canadá, el ministro Carlos Rodado manifestó que "si la calidad de la operación de la mina de Greystar será de la misma calidad que el estudio que han presentado, tenemos serias razones para estar muy preocupados". Esta versión oficial sobre la inconsistencia de los estudios medioambientales y técnicos en Santurbán, anula cualquier confianza que pudiera existir ante las afirmaciones de que dicha explotación no causará graves daños al ecosistema y a la salud de las comunidades. De llegarse a autorizar, estaríamos frente a una irresponsabilidad mayúscula.
Si adicionalmente tenemos en cuenta la prohibición legal para desarrollar minería en zona de páramos; el irrisorio 3,2% de regalías que, en su conjunto, percibiría el Estado; y la necesidad que surgió en ese foro canadiense de aligerar a las empresas del sector de los impuestos de renta y patrimonio, para propiciar su actividad, además de continuar con las exenciones vigentes de Predial e Industria y Comercio, llegamos a la meridiana conclusión de que este proyecto no es viable.
Resulta incomprensible la debilidad gubernamental para imponer aceptables criterios de defensa de los bienes nacionales, frente a las pretensiones multinacionales. Así se colige de las declaraciones del Ministro, quien en su afán de poner en marcha la locomotora minera, se mostró dispuesto a afectar la majestad del Estado, feriando a favor de extranjeros las posibilidades de recaudo de recursos tributarios que, al paso que vamos, sólo pagarán los más indefensos.
Cada vez se advierte más justa la razón que animó la multitudinaria manifestación cívica por la defensa del páramo de Santurbán, realizada el pasado 25 de febrero; la validez de los argumentos incontrovertibles de voces autorizadas; así como las posiciones de respetables instituciones que han puesto de manifiesto la inconveniencia de esta extracción aurífera.
Debería entonces negarse inmediatamente la licencia ambiental. Si no se hace, vendrá un tiempo muerto que será utilizado para recomponer la estrategia de sus promotores, y aparecerán anuncios de solución a las deficiencias. Eventualidad ante la cual, debe mantenerse alerta esta actitud de responsabilidad ciudadana de la comunidad bumanguesa que, ciertamente, es indicativo esperanzador del renacimiento de su conciencia social frente al futuro.
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